La responsabilidad social en el Gobierno

Entre las principales promesas del PSOE en materia de transparencia y gobierno corporativo destacaba la de remitir al Parlamento una Ley de Responsabilidad Corporativa (RSC) que podría estar lista para otoño de 2005. Por otro lado, se anunció también la intención del nuevo Gobierno de renovar la comisión de expertos RSC creada por el PP en el Ministerio de Trabajo a finales del 2003, para dar cabida a la representación sindical y empresarial. La nueva comisión cuya composición aún no se ha decidido recibirá el encargo de elaborar un informe con nuevas aproximaciones y podría ser el embrión de un futuro Consejo de Responsabilidad Corporativa.

Además, el PSOE – que ya presentó una proposición de ley en la legislatura pasada- probablemente aceptará la subcomisión parlamentaria sobre RSC que ha propuesto CiU, con una voluntad amplia en la convocatoria y en los enfoques de los comparecientes. Al final de su trabajo, la comisión de expertos y la subcomisión unificarán sus conclusiones. El sentido de la futura ley parece que será de conceptos, mas impulsora que interventora, en un momento en el que el debate sobre la regulación está muy polarizado. El objetivo que plantea el Gobierno es extender la RSC entre las empresas españolas, ayudar a las entidades que la implementen, sensibilizar al ciudadano, difundir las buenas prácticas, desarrollar herramientas como el Triple Botton Line y garantizar la capacidad pública de auditar las informaciones ofrecidas por las empresas.

Dos son los enfoques, de acuerdo a la experiencia internacional, que puede adoptar una regulación de la RSC. De un lado el modelo francés, intervencionista, que pretende el establecimiento de estándares RSC obligatorios, de otro está el británico, posteriormente seguido por otros países europeos, no intervencionista y cuyo fin último es el establecimiento de incentivo de mercado. Por otra parte, algunas organizaciones sociales internacionales proponen un acento más exigente en la regulación de las prácticas sociales y medioambientales de las empresas, haciendo incidencia en el cumplimiento obligatorio de convenios y acuerdos internacionales como los de la OIT, o el de las guías para empresas multinacionales de la OCDE para evitar el dumping social y medioambiental en el mercado sin fronteras. El papel del reciente Observatorio de la RSC en el que participan ONG y Sindicatos será clave para contrastar los diversos enfoques e impulsar una nueva alianza por el cambio en la empresa y en la sociedad, en un mercado de consumidores-ciudadanos activos socialmente.

Bienvenido sea el nombramiento de Juan José Barrera como director general de la Economía Social de Ministerio de Trabajo, que será la persona responsable de los temas RSC en el nuevo Gobierno. Algunos observadores han mostrado, en privado, una cierta decepción por el rango administrativo y político que tiene la RSC en comparación, por ejemplo, con la figura del Minister for Corporation Social Responsability en el Gobierno británico, equivalente a una Secretaría de Estado. Aunque el crédito de Barrera es alto y la voluntad del ejecutivo parece firme, sería muy conveniente una política interministerial que coordine las acciones del Gobierno en este campo con autoridad, se cual sea su ubicación. El nombre no hace la función, pero ayuda. Seamos pacientes, y veamos los primeros pasos y el enfoque de la Ley. Nos jugamos algo más que una norma.

Publicado en: Expansión (21.07.2004)

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