La desobediencia en política

Publicado en: El País (23.11.2014)(blog ‘Micropolítica’)

«Toda protesta política profunda es un llamamiento a una justicia ausente, y va acompañada de la esperanza de que en el futuro se terminará restableciendo esa justicia; la esperanza, sin embargo, no es la primera razón para llevar a cabo la protesta. Protestamos porque no hacerlo sería demasiado humillante». John Berger

¿Cuánta desobediencia puede aceptar una Democracia? La respuesta fácil a la pregunta sería reducir la desobediencia a una frontal incompatibilidad con el cumplimiento de la Ley en vigor. Pero esta respuesta es demasiado simple para comprender el desafío de la desobediencia desde una perspectiva democrática y no exclusivamente jurídica. En un sugerente artículo publicado en este mismo diario del escritor Benjamín Prado, Antígona en La Moncloa, el autor nos retaba y nos recordaba: «¿Hay un extremo de la injusticia en el que quien la sufre tenga autoridad moral para incumplir la ley? ¿Es hoy más justificable que nunca la desobediencia civil que promulgaba Thoreau en 1849? En una situación como la que vivimos, ¿quién puede ser considerado más ejemplar: el ciudadano que acata todo aquello que le mande su Gobierno, o el que practica una ‘insumisión ética’, como la llama el filósofo Miguel Abensoun en su libro La democracia contra el Estado, que le permita enfrentarse a los abusos de cualquier tipo de poder, haya salido de las urnas o no?»

Lamentablemente, el agitado debate político sobre la cuestión catalana en España impide, entre otras cuestiones, una reflexión serena sobre la desobediencia en la política democrática. Sobre sus límites, interpretaciones y manipulaciones. Y es evidente que no es lo mismo la desobediencia de la ley por parte de quien debe hacerla cumplir y acatarla (o por quien representa el poder político), o por parte de quien sólo debe acatarla. Estamos lejos, muy lejos, de la estimulante recomendación democrática de Hannah Arendt: «Hay que situar la desobediencia civil no sólo en el lenguaje político, sino en nuestro sistema político».

Desobedecer no es, necesariamente, quebrantar o incumplir la Ley. Evitarla o esquivarla son opciones menos pugilísticas que lo que pretenden es explorar las zonas grises. Es decir, en vez de salirse de los márgenes de la Ley, se trata de buscar las rendijas legales entre líneas e incorporar las habilidades legalistas de los juristas en la acción política. Es un desafío controlado. Esa opción es la que, muchas veces, es utilizada por los propios responsables políticos para reinterpretar la literalidad exigente de la norma, dándole un sentido o un marco de interpretación aceptable, o tolerable. Pero esta no debe, en ningún caso, equipararse a la desobediencia civil, como quizá se pretenda en el actual enfrentamiento entre los gobiernos catalán y español. El paradigma de esta visión es la afirmación de que lo que no está expresamente prohibido, puede ser permitido. Es la sublimación de la ambigüedad. Tan denostada, pero tan útil en la política que busca acuerdos, consensos o pactos. ¿No es nuestra Constitución, por ejemplo, un calculado y contorsionista texto que puede interpretarse con flexibilidad, incluso con ambigüedad? ¿Por qué cuando decíamos nacionalidades unos interpretaron naciones y otros no exactamente lo mismo? ¿No fue la ambigüedad, la elasticidad, un valor político más relevante que el normativo?

Hay otra desobediencia que, por el contrario, busca la ejemplaridad —y no la astucia o la supuesta habilidad jurídica—, ya que el desafío forma parte de la protesta. Quiere hacer evidente la represión, el castigo o el impedimento al acto desobediente como intríseco a la dimensión cívica de este tipo de acción política. No se busca engañar. Ni escaparse. Se quiere desafiar, y el castigo es parte de la estrategia de victimización o proyección de la causa que se defiende. Lo que se pretende es evidenciar la enorme desproporción entre la norma legal y la razón ética, o bien entre el ejercicio legítimo a la desobediencia y su negación legitimada por el poder.

Hace más de 2.500 años (desde Sófocles en su obra Antígona) que nos preguntamos, sin encontrar una respuesta éticamente incuestionable, cuáles son los límites de la obediencia. Y, recientemente, en un encuentro de activistas, el actor Matt Damon se subió al escenario para hacer un vibrante y profundo llamamiento a la desobediencia civil: «El problema es la obediencia civil. El problema es la cantidad de gente en todo el mundo que ha obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y ha ido a la guerra. Y millones han sido muertos por esta obediencia». El discurso fue parte de un prestigioso evento llamado Voices of a People’s History of the United States, que da oportunidades de expresión pública a los rebeldes, disidentes y visionarios del pasado y del presente.

Los grupos, colectivos y organizaciones que teorizan la desobediencia, siguiendo la larga y fecunda trayectoria de este pensamiento a lo largo de la historia, están construyendo argumentarios que merecen la atención y que no pueden ser despreciados desde una supuesta superioridad intelectual, ni desde el púlpito institucional, sea político, académico o mediático. Un reciente libro, Desobediencia civil, económica e integral: manual 2013, que amplía el presentado en 2012, Manual de Desobediencia Económica, afirma que la desobediencia civil es «una práctica pública, no violenta, consciente y política, contraria a una ley u orden de autoridad considerada injusta o ilegítima, que la sociedad civil emprende». Y matiza: «En concreto nos dirigimos a las persones que queráis dejar de actuar forzadas por la presión económica y queráis dedicar vuestro tiempo a una actividad que realmente haga que os sintáis realizados».

Volviendo a la cuestión catalana, algunos líderes políticos con grandes expectativas electorales, están releyendo a autores de referencia como Gene Sharp y su libro de cabecera, La política de la acción no violenta, que provee un análisis político pragmático de la acción no violenta como un método de utilizar el poder en un conflicto. Y aplican la polítical jiu-jitsu: que consiste en derribar a tu oponente mediante un desequilibrio con una táctica política estratégica. La respuesta (judicial y política) del Estado (y en particular de Mariano Rajoy) al reto del 9N no se parece al judo ni al jiu-jitsu («el arte de suavidad»), en donde agarrarse al adversario es fundamental para derrotarlo, sino que más bien parece karate o taekwondo. Es decir, ganar por derribo, por golpe certero.

En un artículo publicado hace muy pocos días en la prestigiosa revista Wired, How political passions undermine rationality (Cómo las pasiones socavan la racionalidad política), se explora por qué nos negamos a aceptar respuestas razonables, soluciones posibles, vías realizables… si estas cuestionan nuestras convicciones políticas. Es entonces cuando las convicciones se convierten en pasiones, y nos impiden razonar y evaluar con calma todas las opciones hasta el extremo de negar la realidad. Es decir: negamos la realidad cuando las pasiones nos impiden ver como aceptables las opciones de afrontarla. ¿Cuánta desobediencia es aceptable en una Democracia? Seguramente, mucha más de la que estipula la norma. A veces, gestionar lo tolerable es la mejor manera de avanzar hacia lo aceptable. Escenario imprescindible para el acuerdo y el pacto. Pero me temo que el jiu-jitsu no tiene mucho futuro en España. Se buscan victorias, cuando lo razonable sería buscar que el adversario no fuera, simplemente, derrotado.

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