La claridad en política

Los Panama Papers son, sin duda, la noticia del año. La investigación, llevada adelante por más de 370 periodistas —todos ellos asociados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación—, logró destapar las conexiones offshore de 12 jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios de políticos, además de decenas de futbolistas, empresarios y actores. De momento. Los hallazgos están teniendo un profundo impacto; ya provocaron la renuncia de  quien fuera Primer Ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, la imputación de Mauricio Macri, la publicación de los detalles fiscales de David Cameron, la dimisión de José Manuel Soria, el sospechoso e inesperado viaje del Primer Ministro de Pakistán… Y eso que, hasta ahora, sólo se ha revelado la mitad de los documentos. Estamos al inicio de un tsunami político de consecuencias imprevisibles.

Lo cierto es que la constitución de una sociedad offshore en un paraíso fiscal no es, por sí mismo, un acto ilícito, como tampoco lo es tener relaciones de negocios con una firma de abogados panameña como Mossack Fonseca. La justicia y las autoridades fiscales deben definir la legalidad de cada caso puntual, de cada nombre involucrado, pero lo que sí ya tiene sentencia, en cambio, es la cuestión moral, aquella que juzga la opinión pública, nosotros. Los Panama Papers ponen en cuestión la necesaria ejemplaridad de nuestros representantes; según Javier Gomá Lanzón, la ejemplaridad se ha vuelto una categoría política fundamental y una demanda ciudadana ineludible. Es la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace; la virtud aristotélica de actuar con un justo término medio, sin caer en el exceso, ni en el defecto. Lejos de esto, la participación en sociedades offshore, la eventual evasión o elusión fiscal –mientras que el conjunto de la sociedad soporta una alta, pero necesaria, presión fiscal–, el secretismo y la doble moral de quienes dicen una cosa y hacen otra, son todas conductas que poco tienen de comportamiento ejemplar. La cuestión legal importa y nos afecta parcialmente, pero el verdadero daño es a la ética política. Todavía más si se trata de un cargo electo o un responsable político de la gestión del interés general.

La secuela más grave e irreversible de toda esta investigación será el deterioro de la confianza pública, un bien que, precisamente, no abunda. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe Government at a Glance 2015, reveló que la confianza media de los países miembros disminuyó más de tres puntos porcentuales en los últimos siete años y España fue uno de los países que bajó más su nivel de confianza; ahora solo uno de cada cinco ciudadanos españoles confía en el Gobierno. El filósofo chileno Darío Rodríguez, en el prólogo de la edición castellana del libro Confianza de Niklas Luhmann, definió la confianza como “una apuesta, hecha en el presente, hacia el futuro y que se fundamenta en el pasado”. Los Panama Papers están detonando la credibilidad de los políticos y, con eso, los frágiles sistemas de confianza, si aún era posible. Llueve sobre mojado.

En el caso del exministro de Industria, el propio José Manuel Soria ha introducido una variable significativa: la razón de su dimisión no radica, según él, en la utilización de empresas offshore, sino en las contradicciones de sus versiones a la luz de las revelaciones mediáticas de datos, fechas y nombres; estas dejaban en evidencia que no había contado toda la verdad. Tampoco acepta que haya cometido delito alguno, incurrido en incompatibilidad manifiesta o que haya mentido deliberadamente; y argumenta que sus contradicciones (mentiras para la opinión pública) son fruto del error y la confusión. Es decir, dimite por impreciso, no por defraudador. Por tener mala memoria o por precipitado en sus explicaciones; no por engañar en sus responsabilidades tributarias.

Será la Agencia Tributaria, en su caso, o los tribunales si hay motivo, los que discriminen y clarifiquen el alcance de responsabilidades tributarias o penales de tanta confusión. Pero en política, la falta de claridad y precisión, en especial cuando afecta a la ética personal y a la moral pública, son definitivas. Lo privado se convierte en público, cuando lo personal se revela como doble moral. Soria afirma que “Montoro hará bien en investigarme, no hallará nada”. Pero la opinión pública sí que ha hallado algo más importante que una posible falta o delito fiscal. Ha visto cómo su confianza en el ministro se ha ido despedazando por el contraste brutal entre los hechos y las explicaciones; por el choque entre las contradicciones y las argumentaciones.

Lo que verdaderamente puede reconstruir el sistema de confianza es la recuperación de las virtudes públicas, aquellas que tan bien describió una vez Victoria Camps. La claridad –muy diferente a transparencia– es una de ellas y alude a la actitud de respuesta que tiene que asumir un representante en situaciones de desconfianza. Ante un escándalo como el de los Panama Papers, los políticos –sobre todo los implicados– tienen que ser capaces de dar una explicación precisa, sincera, comprensible… Es la única respuesta tolerada. Si nos cuesta confiar, esperamos declaraciones que respondan a todas nuestras preguntas, explicaciones que satisfagan todas nuestras dudas.

La claridad es también una de las reglas básicas de la comunicación de crisis. José Manuel Soria exhibió en los primeros días de esta crisis una seguridad y una celeridad que solo podían estar sustentadas en la claridad y en la verdad. Fue rápido, pero confuso. Decidido, pero equívoco. Confundió, también, rapidez y arrojo con confianza y seguridad. Reaccionó acrobáticamente, pero la red de seguridad que ofrece la verdad y la precisión desapareció bajo su arriesgada pirueta. La reacción política que se necesitaba era una que generara certeza, credibilidad, confianza.
En tiempos de oscuridad (financiera), de opacidades (económicas), de intereses (ocultos), se necesita más, mucha más, claridad política. Y tanta transparencia como sea posible para garantizar esa claridad: empezando por la que separa los intereses particulares del interés general. No hay otro camino.

Publicado en: Cinco Días (18.04.2016)

 

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