Todos somos iguales ante la Ley, sí. Pero no hay que ser jurista ni politólogo para comprender que las medidas de prisión incondicional impuestas a Oriol Junqueras (y el resto de consellers destituidos) serán percibidas —por una amplia mayoría de catalanes— como una decisión más política, que estrictamente jurídica. Una decisión orientada no a juzgar hechos —y sus posibles delitos— sino a perseguir y castigar ideas. Esta será la percepción, la vivencia y, en consecuencia, una realidad insoslayable. Otra vez sentimientos.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha seguido, finalmente, el criterio del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Un fiscal que tiene en su currículum el haber sido reprobado por el Congreso el pasado mes de mayo con el apoyo unánime de todos los grupos del arco parlamentario, salvo el PP. Estas medidas pueden quebrar, definitivamente, la confianza de una mayoría de ciudadanos de Catalunya hacia el Estado. Otro error. Los errores de los adversarios no deberían justificar nunca los propios. Esta decisión romperá, quizá, la tímida recuperación de serenidad que la convocatoria electoral el 21-D había generado. La desolación será importante y se interpretará como la respuesta del Estado al desafío del Gobierno catalán.
Más allá de su posible justificación jurídica y de su conveniencia política, parece evidente que desde la sociedad catalana se entenderá como un aleccionamiento desproporcionado, excesivo. Las consecuencias de cara al 21-D son directas: da aire a la construcción de una candidatura unitaria que reedite la fórmula de JxSí y aumenta su perímetro electoral, perjudica a opciones moderadas dentro del soberanismo, invita a los comuns a profundizar en su acercamiento al marco mental de los independentistas y limita las opciones del PSC de captar nuevos votantes moderados. En fin, una operación tan torpe como humillante.
Además de las consecuencias políticas están las sociales, más profundas todavía. No es fácil juzgar, calibrar, lo que esta decisión va a provocar en el medio plazo, pero podemos tratar de imaginar la reacción en el imaginario colectivo del català emprenyat. Hace 10 años, el Tribunal Constitucional mutiló el Estatut refrendado por la ciudadanía. Hoy, una jueza de la Audiencia Nacional envía a prisión a consellers electos. Va a ser inevitable somatizar estos hechos. Parece que algunos han buscado el peor escenario para fines políticos. Gran irresponsabilidad. Hoy juzgan los magistrados; mañana, los electores; y siempre, la historia.
En El mercader de Venecia, una de las grandes obras de William Shakespeare, se enfrentan, una y otra vez, la justicia que no satisface y el deseo de venganza de sus protagonistas. Shylock, el protagonista, acaba reconociendo que la justicia que exige y espera, no llega por ser quien es y opta por la venganza, aunque le destruya, como así acaba sucediendo al ser desposeído por el Dux de Venecia de todas sus riquezas. Así estamos. Se ha abierto una caja de truenos.
Publicado en: El Periódico (2.11.2017)
Fotografía: ©Juan Manuel Prats para El Periódico
Artículos de interés:
– Alzamiento, sedición y rebelión (Miguel Pasquau Liaño. CTXT, 1.11.2017)
– Las formas de la violencia (Olga Grau. El Periódico, 3.11.2017)
– Un auto de prisión poco fundamentado (Rodrigo Tena Arregui. Hay derecho, 2.11.2017)
Gracias Antoni por decirlo tan claro y tan alto.
De tu artículo destaco especialmente una frase: «Hoy juzgan los magistrados; mañana, los electores; y siempre, la historia»