#15M: propuestas económicas y activismo judicial

Los indignados están muy preparados, lo han demostrado con su capacidad de gestión a lo largo de meses de movilizaciones. La inteligencia de las multitudes, la organización en redes (con el apoyo de la tecnología social) y un nervio de autogestión constructiva y creativa han impedido —casi siempre— la deriva violenta o la apatía. Además, el nivel y detalle de muchas de sus propuestas no tienen nada que envidiar a las realizadas por consultoras privadas, por gabinetes de estudios institucionales o por las fundaciones y think tanks de los partidos y sindicatos.

Aunque las opiniones se reparten entre los que critican la indefinición y falta de propuestas del movimiento o los que, como el filósofo Slavoj Zizek, reivindican el silencio incómodo como la mejor arma de desestabilización, lo cierto es que el #15M ha llenado las plazas, ha roto muchos tabúes con una capacidad alternativa de pensamiento, organización y comunicación. Muchos están en paro, pero no están parados.

Propuestas
En el ámbito económico, el movimiento del 15M y, en especial, la plataforma Democracia Real Ya, ha consensuado una serie de propuestas, a través de varios procesos de generación de consensos y debates participativos, que consideran imprescindibles para conseguir la regeneración económica y una salida social a la crisis. Muchas de ellas han sido avaladas por expertos de diferente signo (incluido el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz) y otras son quizás demasiado utópicas, al menos en el corto plazo, pero no por ello menos relevantes. Que no se puedan hacer, de momento, no significa que no se deban hacer.

Sus políticas fiscales, por ejemplo, proponen el incremento tributario para las grandes fortunas y entidades bancarias, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, el control efectivo del fraude y de la fuga de capitales a paraísos fiscales y la promoción a nivel mundial de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

Por otra parte, y ante la convicción de que es moralmente justo que los principales responsables de la crisis sean los que carguen con sus consecuencias, se muestran partidarios de la elevación de los impuestos a la banca, de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado, generado por su mala gestión, la devolución de todo el dinero público que se les ha aportado, y en contra de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias. En este sentido, ‘Democracia Real Ya’ difundió el documento AUDITORIA DE LA DEUDA ESPAÑOLA: No al rescate con dinero público de bancos y empresas privadas que ha sido remitido a todas las fuerzas políticas para su estudio y consideración.

Denuncias Pero el #15M está organizándose, redescubriendo el enorme potencial del sistema de derechos y libertades, para impulsar una nueva fase de movilizaciones: la judicial. El fenómeno  está viviendo  un gran crecimiento en España donde  los juzgados se han inundado de casos contra entidades bancarias. Se presentan, y empiezan a ser  aceptadas,  demandas colectivas contra las cláusulas suelo en las hipotecas (que impiden que el receptor se beneficie de la caída del euríbor), contra los llamados swaps financieros (que con la caída de los tipos arruinó a muchos clientes que sostienen que no fueron informados del riesgo) o contra la dación hipotecaria por la que, en España, la ejecución de una hipoteca no cancela la deuda con el banco. La cruzada afecta incluso a altos directivos de la banca, como Emilio Botín que ha recibido acusaciones por presunta evasión fiscal.

La judicialización, como vía de denuncia y combate político por parte de movimientos alternativos, se está produciendo a nivel mundial y se suma a la larga tradición de lucha por los derechos de los usuarios y consumidores. En EE. UU. se celebra el mayor juicio en décadas contra un hedge fund, por el presunto uso indebido de información privilegiada, y se presentan querellas contra bancos de inversión e incluso contra las poderosas agencias de rating..

Activismo Empiezan a ser usuales iniciativas cívicas contra la banca o las grandes corporaciones financieras. El Bank of America, por ejemplo, se ha visto recientemente obligado a renuncia a cobrar comisiones mensuales a los clientes que utilizan una tarjeta de débito ante la presión de las redes sociales. Cuando el banco propuso la nueva tarifa mensual, una niñera enojada decidió hacer una petición en la web Change.org que  alcanzó casi las 307.000 firmas y se propagó de la noche a la mañana por las redes sociales como Twitter y Facebook.

También en EE. UU, está adquiriendo cada vez más fuerza la iniciativa Move your money que anima a la gente a cerrar sus cuentas en los bancos en señal de protesta y mover el dinero hacia entidades locales y cooperativas de crédito. Se calcula  que desde el pasado 29 de septiembre, unos 650.000 consumidores transfirieron su dinero a cooperativas de crédito, según datos de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito (ANCC)

Estos nuevos frentes conllevarán importantes costes económicos para la banca y otros sectores. De hecho, la Asociación Española de Banca (AEB) advierte, en una carta remitida en marzo a la entonces ministra Elena Salgado, del riesgo que supondrá para el sistema financiero modificar los actuales fundamentos jurídicos del mercado hipotecario. Y, en EE. UU, entidades financieras como JP Morgan Chase empiezan a aprovisionar miles de millones de reservas para afrontar los posibles litigios. La banca se enfrenta al desafío más importante de su historia.

Algunas plazas se han vaciado. Ahora les toca el turno a los juzgados. Todo se mueve. Y los indignados han descubierto el poder de las togas y la redes.

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