Política KO: democracia SOS

Una abrumadora mayoría de ciudadanos (96%) considera que la corrupción política en España es muy alta y, además, según indica la encuesta de Metroscopia publicada por El País el pasado domingo, devastadora. Un 63% cree que la corrupción política ha aumentado; un 54% asegura que es superior a la de otros países y un 92% deplora la lentitud de la Justicia, hasta el punto de considerar que es ineficaz para combatirla. La situación de la política y la visión que se tiene de los políticos (de casi todos, especialmente en los grandes partidos) es, pues, nefasta. Y va a peor.

Paradójicamente, España padece un nivel bajo de corrupción, en términos comparados, pero eso no es lo que piensa la ciudadanía: la percepción  mayoritaria se impone, alimentada recientemente por la irrupción de la corrupción vinculada a personas clave de nuestra arquitectura de confianza democrática. Estamos hablando de casos obscenos y escandalosos en el ámbito de la jefatura del Estado y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que hay que añadir los de los partidos políticos, donde algunos tesoreros, en vez de proteger y cuidar, saquean. Los casos se convierten en escándalos cuando quien comete la falta actúa en sentido diametralmente opuesto a sus obligaciones. Y en lugar de evitar el delito, lo comete. Esto es lo que irrita, desconcierta y subleva.

Los datos golpean y destrozan una credibilidad ya muy cuestionada. El 88% de los encuestados reprocha a los actuales partidos que miren por sus intereses y problemas y no por los de la sociedad; y el 81% asegura que crean más problemas de los que resuelven. El dato que hemos conocido hace poco sobre el hecho de que hay más de 200 cargos públicos imputados y protegidos, en tan solo cinco comunidades, consolida la idea que aflora con una virulencia extraordinaria: el 95% de los encuestados asegura que los partidos protegen y amparan a los acusados de corrupción.

El descrédito se acumula día tras día, y escándalo tras escándalo. Crece la abstención (solo un 60% de los electores iría a votar ahora mismo, según Metroscopia, un 10% menos que en noviembre de 2011) pero también crece el nivel de interés en la política, en otra política.

Como señala el CIS, el 25% de los ciudadanos está interesado en la política, unas cifras sorprendentes en un país como España. Pero este interés, y la participación, no se canaliza a través de partidos políticos -en su gran mayoría- sino en manifestaciones, quejas, páginas web y redes sociales. Los partidos, desprestigiados como representantes del pueblo, están jugando con el fuego de su deslegitimación social, y tal vez electoral en un futuro. La sorprendente reacción de acogida que el proyecto del Partido X ha despertado (no exento de dudas y reservas) estaría ofreciendo una respuesta posible a este estado de las cosas tan deteriorado e inerte.

La apolítica confortable de la época de crecimiento se ha transformado, lentamente, en antipolítica en plena crisis. Lo sabe muy bien el Gobierno, cuyo presidente tiene una valoración -entre el 1 y 10- del 2,8. Es la cifra más baja obtenida nunca por un presidente en la España democrática (Zapatero, que hasta ahora ostentaba el récord negativo, obtuvo un 3,07 un mes antes de perder las elecciones).

En este escenario, las reacciones de los dos principales partidos (y los más damnificados en términos de reputación) ha sido diferente. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, asumiendo este descrédito como un problema democrático causado por los principales actores (los políticos y sus instituciones), ha encargado al director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, el diseño de una estrategia y un plan con el que intentar lavar la imagen de los políticos, reconciliar a los ciudadanos con la clase política y frenar ese sentimiento de desconfianza en las instituciones. Enmarcada en esta iniciativa, se presentaría también el resultado final de la Ley de Transparencia y las reformas para la simplificación de la Administración, sin descartar -tampoco- otras más profundas de naturaleza constitucional. En este esfuerzo normativo podrían y deberían entrar, también, otros proyectos como la reforma electoral, la actualización de la Ley de Partidos y su financiación.

El Gobierno cree que las leyes resolverán este problema. Y es cierto que siempre se necesitan mejores leyes y las más eficaces, pero la realidad es diferente: el descrédito no viene por la inexistencia de normas y reglas, sino por el incumplimiento descarado de las mismas o, incluso, por el uso fraudulento de la norma para ejercer una praxis que destroza la coherencia mínima entre lo que se dice y lo que se hace. Se trata, pues, de un esfuerzo que debe contemplar toda la cadena de valor: la norma (la ley), la pedagogía (la comunicación), y la praxis (la ética).

Y el PSOE ha presentado, casi fuera de agenda (distorsionada por su propia realidad interna), sin la escenificación debida y a través de Facebook (sorprendentemente), su formal “compromiso contra la corrupción», como un pacto abierto al conjunto de las fuerzas políticas.

Hay que parar máquinas. La bola de nieve es cada vez más grande, se mueve con mayor rapidez y su aceleración adquiere dimensiones de alud. La crítica puede derivar en linchamiento global hacia la política (y lo público) si no se actúa con celeridad. Se necesita un proceso colectivo de recuperación de la política para salvar la democracia. La política está KO y la democracia lanza un SOS.

Este proceso debe ser asumido por todos los actores, pero no necesita, aunque sea muy conveniente, la concertación y coordinación conjunta. Los códigos de conducta y de autorregulación de los propios partidos (y su aplicación efectiva y ejemplar) serían un gran paso, a los que habría que añadir una renovada norma legal compartida sobre los requerimientos que cualquier cargo público debería cumplir en el ejercicio de sus funciones. ¿Un Contrato de Servicio Público para todos los representantes políticos? ¿Por qué no?

Y, finalmente, algunos compromisos ejemplares como el de que las fuerzas políticas no indultarán a ningún político que haya sido acusado, juzgado y sentenciado por actuar delictivamente contra el interés general. Solo esto, ayudaría… y mucho.

Publicado en: El País (18.01.2013)(blog ‘Micropolítica‘)

Otros títulos barajados para este post:
– El plan del Gobierno
– El Gobierno tiene un plan y la democracia un problema
– La política arrastra a la democracia

Artículos de interés:
– Qué hacer con la corrupción (José Antonio Gómez Yañez-César Molinas. El País, 22.01.2013)