Publicado en: Revista Tiempo de Hoy (núm. 1.751 del 10 al 16.06.2016)
España tiene un déficit de debates políticos. Hemos sustituido la conversación argumentada, razonada y contrastada por las tertulias. En las próximas elecciones del 26-J volverá a suceder: los debates entre candidatos serán la excepción forzada y no la norma natural. En otros países, los debates los organizan universidades o fundaciones con prestigio y reputación social, abordando temas de carácter sectorial. Y se retransmiten. No se renuncia al ritmo y la potencia televisiva, pero no son un talk show. Aquí también se organizan y proponen, pero los candidatos no van, como ha sucedido en el cuidado y profesional debate organizado por una asociación juvenil de la Universidad Carlos III. Los líderes prefieren el formato previsible y pautado de un debate televisivo. Priman las condiciones de los equipos de campaña y del medio, en lugar de las condiciones de los electores.
Los debates deberían ser un derecho ciudadano y una obligación electoral para los partidos políticos y las candidaturas. Hurtar el debate de la deliberación electoral es un fraude democrático. Hay que pasar de las yuxtaposiciones mediáticas (candidatos hablando en paralelo, en los medios y sin posibilidad de diálogo) a los espacios de contraste y debate donde las ideas se impongan a las consignas, la discusión al puro ruido y los argumentos a los simples titulares.
